¡En dos semanas! El ente que preside José Manuel Franco debe mediar por enésima vez en un conflicto institucional.
El Consejo Superior de Deportes volverá a entrar en escena para desempeñar su papel de mediador en una disputa que tiene confrontados a la LPFF, la RFEF y FUTPRO.
Las fricciones vienen dadas por el número de jugadoras extracomunitarias con el que podrán los clubs en el torneo liguero que arranca el próximo 10 de septiembre de 2022.
Para los que desconozcan de que va este tema, algo lógico puesto que deben atender al mercado de fichajes estival y los amistosos de pretemporada, es necesario indicar que el pasado 19 de agosto se llevó a término una reunión en la sede gubernamental y parecía que todo se había resuelto satisfactoriamente merced a un pacto, pero nada de eso.
El punto de encuentro entre las partes establecía las siguientes premisas: esta temporada habría un cupo máximo de nueve futbolistas extracomunitarias por equipo, con un máximo de siete en el terreno de juego a la vez.
La cifra anterior se iría reduciendo de forma paulatina, cinco en el curso siguiente, y tres dentro de dos, más ahora después de venir de una categoría no profesional donde no había límite alguno en ese aspecto, FUTPRO ha optado por apoyar a última hora una tesis en la que solo quepan tres extracomunitarias por entidad.
La RFEF, que hasta ahora dictaba sentencia en la Primera División Femenina, considera que no debe haber más de dos y en este escenario no ha quedado más remedio que volver a remitir esta problemática al CSD.
El Real Decreto de Federaciones reza que “la determinación del número de jugadores extranjeros no comunitarios autorizados, para participar en pruebas o competiciones oficiales de carácter profesional y ámbito estatal, se realizará de común acuerdo entre la Federación deportiva española, la liga profesional y la asociación de deportistas profesionales correspondiente”.
En este sentido, el anteriormente citado Consejo Superior de Deportes ha asegurado que establecerá, mediante resolución, el número de jugadores extranjeros no comunitarios que podrán participar en las competiciones propias de las ligas profesionales en el caso de desacuerdo entre las Federaciones deportivas españolas, ligas profesionales y asociaciones de deportistas profesionales sobre este particular, así como en los conflictos de interpretación derivados de tales acuerdos”.
Con el acuerdo del pasado viernes hecho trizas, sólo se puede esperar que el organismo autónomo sea capaz de zanjar la problemática en un lapso temporal de 15 días y se ocupe también de las demandas del colectivo arbitral, que quiere ser profesional, pero eso es harina de otro costal.
El Partido de Manu 
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