¡Por el caso Negreira! Si hay un castigo por parte de la UEFA afectaría a todas las secciones del club catalán,

Se conoce como Caso Negreira a una investigación por posible corrupción realizada por la Agencia Tributaria de España, que involucra a José María Enríquez Negreira, exárbitro de fútbol español que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) entre 1994 y 2018, y al Fútbol Club Barcelona, del que el colegiado habría recibido unos pagos por un montante global de 7,3 millones de euros, acreditados por la Agencia Tributaria y la Fiscalía, mientras estaba en cumplimiento de sus funciones en el Comité Técnico de Árbitros.

Esta investigación se hizo pública el 15 de febrero de 2023 y actualmente hay dos denuncias aceptadas por la juez.

La investigación surgió por irregularidades en el IVA e IRPF de los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018 del Fútbol Club Barcelona, y tras las explicaciones dadas por Negreira es cierto que las pesquisas las inició la Agencia Tributaria sobre los pagos del conjunto culé a Negreira que, presuntamente, no obedecían a ningún trabajo real. Negreira habría recibido un total de 7 millones entre 2001 y 2018 sin verse aumentado su patrimonio, y donde el exárbitro y colaboradores habrían retirado grandes sumas de dinero en efectivo, el 28,12% del total de 7,3 millones. Negreira afirmó ante Hacienda que el club le pagaba para asegurarse arbitrajes “neutrales”, que no le perjudicasen en el terreno de juego, presuntamente.

Cuando Hacienda preguntó al Fútbol Club Barcelona sobre esos pagos, respondió: «No se formalizó por escrito contrato con dicha empresa [Dasnil]. El club desconoce los detalles de la formalización del contrato verbal dado que deberíamos remontarnos a 2001. Es decir, las personas que debieron negociar dichos contratos no son ya empleadas del club». «Poco más puede decirse en cuanto, como se ha señalado, las personas que negociaron estos contratos ya no forman parte de la plantilla del club», pero Hacienda no encontró pruebas de que los pagos a Negreira influyeran en los resultados.

Una teoría esbozada por Hacienda en su informe, era que el dinero de los pagos se repartiría entre Negreira, Josep Contreras (propietario de la empresa Tresep a través de la cual se hicieron algunos pagos), y posiblemente personas vinculadas al conjunto azulgrana mediante sobresueldos de dinero negro, presuntamente.

Según fuentes judiciales a El País, los pagos ascienden a 7,3 millones entre 2001 y 2018, abarcando 4 presidencias.[9]​[10]​[11]​[12]​ Se han registrado pagos a 7 empresas distintas: Dasnil 95 SL, Nisdal SCP, Soccercam SLU, Estudio ATD, Tresep 2014 SL, Best Norton SL y Radamanto.

Según la investigación, el hijo de Negreira, Javier Enríquez, facturaba al FCB a través de la empresa Tresep, propiedad del exdirectivo del Barça Josep Contreras Arjona (ya fallecido) , que a cambio obtenía una comisión que podía llegar al 50% del importe.

Fuentes de la investigación sospechan que los pagos comenzaron antes, ya que la empresa Dasnil fue creada en 1995, un año después que Negreira se convirtiera en vicepresidente del comité de árbitros.

Según las facturas a las que tuvo acceso el periódico El Mundo, Enríquez Negreira obsequió con estas cantidades recibidas del Barça los árbitros de la Primera División con productos propios para el ejercicio del arbitraje, como mil quinientas tarjetas rojas y amarillas personalizadas con sus correspondientes porta tarjetas o cientos de monedas para sortear el campo también con la identificación de los receptores (concepto que se gastó en 2016 mientras era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros), así como otros artículos tales como jamones por importe de unos diez mil euros, de entradas para partidos de fútbol, palas de playa, sombrillas y bolsas enfriador.

Servicios contratados

Según la Fiscalía, los servicios que podría haber contratado el FCB serían los siguientes:

Solicitar que el Comité de Competición, ente responsable de las sanciones disciplinarias a los jugadores, no estuviera compuesto íntegramente por jueces madrileños
Que el club dispusiera de un interlocutor con la RFEF;
Que Negreira recomendara qué tarjetas amarillas o expulsiones podrían ser recurridas tras algún partido e informar o avisar de cualquier visita institucional de la RFEF o del CTA.
Mantener informado al FCB de posibles intereses o desavenencias entre la RFEF y LaLiga.
Según un registro en la casa de Josep Contreras durante el caso Soule, el hijo de Negreira, Javier Enríquez, debía elaborar informes técnicos analizando actuaciones arbitrales.

Asesoramiento verbal

Bartomeu declaró ante la policía a petición de la Fiscalía que los trabajos de Negreira se hicieron y que consistían en asesoramiento verbal acudiendo a las instalaciones del Barça a dar charlas a los empleados.

En el sumario aparecen documentados informes desde 2012 y existen tres tipos de informes.

Informes personales de cada árbitro cuando pitaban al FCB por primera vez. Información general, perfil técnico arbitral, estadísticas, apuntes de partidos arbitrados al FCB donde se detallan qué errores cometió. Realizados por Javier Enríquez Moreno, hijo de Negreira.
Informes partido a partido donde hay un minutaje del encuentro con todas las acciones arbitrales, valorando si favoreció o perjudicó al FCB. Partidos de Liga, Copa y Champions. Realizados por Javier Enríquez.
Informes de temporada analizando diferentes aspectos: errores en saques de banda, faltas bien pitadas, etc. Realizados por Javier Enríquez.
Libertad Digital publicó el 14 de marzo de 2023 dos informes proporcionados por Negreira al FC Barcelona en 2012 (directiva de Sandro Rosell), los cuales fueron incautados durante un registro domiciliario al ex directivo del FC Barcelona Josep Contreras, que formó parte de las directivas durante las presidencias de Josep Lluís Núñez, Joan Gaspart y Josep María Bartomeu.

Uno de los informes que desvela Libertad Digital tiene como protagonista al gallego Ignacio Iglesias Villanueva, encargado del encuentro que iba a disputar el FC Barcelona contra el RCD Mallorca el 11 de noviembre de 2012 y que concluyó con un 2-4 a favor de los blaugranas.[28]​ El otro informe es del vigués David Pérez Pallas, árbitro del partido entre Barça B contra el Córdoba, de la jornada 8 de la entonces llamada Liga Adelante en 2012.

La información de los informes proporcionaba: datos profesionales del árbitro, estadísticas en los partidos arbitrados al FC Barcelona y perfil personal. La extensión de estos informes arbitrales de Negreira es de entre 2 y 3 páginas y en ellos se hallan numerosas faltas ortográficas e imprecisiones discursivas.

En la declaración del 21 de noviembre de 2022 a la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Fiscalía, el ex directivo del club catalán Albert Soler, quien fuera también secretario de Estado para el Deporte y presidente del Consejo Superior de Deportes durante el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, sostuvo que los informes eran «un análisis más para la mejora del rendimiento del equipo. Igual que se analizaba al equipo contrario se analizaba la forma de arbitrar el árbitro que iba a pitar el partido».[30]​ El director general de Deportes entre mayo de 2021 y enero de 2023 defendió que la relación entre el ex vicepresidente del Comité de Árbitros y la entidad deportiva barcelonesa consistía en dichos informes, así como afirmó desconocer tanto el momento en que estos servicios comenzaron como el precio por el que se redactaban. No negó, sin embargo, relación con el hijo de Enríquez Negreira, quien le escribió varios mensajes en los que afirmaba que los errores que el colegiado Gil Manzano había cometido en el arbitraje del encuentro de vuelta de semifinales de la Copa del Rey que enfrentó al FC Barcelona con el Atlético de Madrid habían sido todos a favor del cuadro culé.[31]​El partido acabó con un 1-1 tras varias decisiones controvertidas del árbitro extremeño, quien, entre otras cosas, no pitó un penalti sobre el conjunto colchonero y anuló un tanto de Antoine Griezmann (entonces jugador rojiblanco) por un fuera de juego inexistente.[32]​ El resultado permitió al FC Barcelona alcanzar la final de la Copa del Rey de aquella temporada 2016/17, que ganó a su vez en la final contra el Deportivo Alavés por 3-1.

No son iguales todos los informes; los ofrecidos por Javier Enríquez, hijo de Enríquez Negreira, estaban tan detallados que hasta hacían referencias a los errores en las adjudicaciones de los saques de banda. Siempre los redactaba sobre los árbitros que se estrenasen con el club blaugrana, como lo demostró Marca al analizar los informes contenidos en el sumario de la causa.

Resulta notorio el informe que hizo llegar este al FC Barcelona sobre la actuación de Clos Gómez en el encuentro liguero entre el FC Barcelona y el Real Madrid celebrado el 3 de diciembre de 2016, que acabó en 1-1 y en el que debió anular el tanto de Luis Suárez para los blaugranas y señalar dos penaltis a favor de la entidad merengue y uno a favor del rival.[34]En este informe, además del análisis minucioso de las jugadas, se interpretaron los errores del árbitro en función de si estos habían beneficiado o perjudicado al Barça.

El 15 de febrero, el mismo día que salieron las informaciones sobre la investigación en la Cadena Ser[1], a través de un comunicado del FC Barcelona, Joan Laporta informó que los servicios contratados a Negreira eran una práctica habitual en los clubes de fútbol profesionales. Estos servicios incluían informes técnicos en formato video referidos a jugadores de categorías inferiores del Estado español para la secretaría técnica del Club. Posteriormente se ampliaron estos servicios con informes técnicos relacionados con el arbitraje profesional a fin de complementar información requerida por el cuerpo técnico del primer equipo y del filial.

El 7 de marzo, Laporta afirmó que el conjunto blaugrana nunca había comprado árbitros, y que hay una campaña para perjudicar los intereses del club y cambiar el modelo de propiedad de los socios a una sociedad anónima. Uno de los motivos de esa supuesta campaña es la negación del FCB al pacto con CVC y LaLiga, así como promover la implantación de la Superliga.

Como hubo adelantado el periódico El País, el Real Madrid, histórico rival del FC Barcelona, acordó en una junta de urgencia personarse como parte afectada en la causa, después de que el club madrileño no se sumase a la declaración conjunta del resto de equipos de la Liga Nacional de Fútbol Profesional. Después de que la Fiscalía concluyera el 10 de marzo de 2023 que el Barcelona había pagado, entre 2001 y 2018, cerca de siete millones de euros a José María Enríquez Negreira, entonces vicepresidente del Comité Técnico Arbitral (CTA), para que le “favoreciera” en los arbitrajes, el Madrid convocó una junta de urgencia para el día siguiente. En su comunicado se dijo que «el club reitera su plena confianza en la acción de la justicia y ha acordado que, en defensa de sus legítimos intereses, se personará en el procedimiento en cuanto el juez lo abra a las partes perjudicadas».

El presidente del CSD y secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco afirmó que se personarán como acusación particular cuando haya concluido el trabajo del Ministerio fiscal.[44]

Socios del Barcelona:

La asociación barcelonista Un crit valent se ha personado como acusación particular en el Caso Negreira como parte perjudicada y ofendida por Negreira y sus sociedades. Se han adherido 85 socios. La asociación la preside el abogado Jordi Medina, precandidato a las elecciones a la presidencia del FCB en 2003 y 2006.

• Funciones de Negreira en el CTA:

Su empresa fue la encargada de realizar vídeos para los seminarios técnicos, con seguimientos de los árbitros, jugadas, que se exponían en las sesiones técnicas arbitrales. No tenía influencia en las designaciones arbitrales.[46]​ Su hijo realizaba un asesoramiento de “Coaching” a los colegiados que estaban en Primera y Segunda División.

• Acusación:

24 de febrero de 2023 el árbitro de fútbol Xavier Estrada Fernández se querelló contra José María Enríquez Negreira y su hijo Javier por un supuesto delito de corrupción deportiva.[47]​[20]​ Esta querella paralizaba la investigación de la Fiscalía.[48]​

El 10 de marzo de 2023 la Fiscalía interpuso una denuncia contra José María Enríquez Negreira, el Fútbol Club Barcelona, los expresidentes del Club Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, y y los exejecutivos Òscar Grau y Albert Soler.

Posteriormente, el 14 de marzo el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, encargó a la Fiscalía Anticorrupción la dirección del caso «al tratarse de delitos relacionados con la corrupción de especial trascendencia».[51][52]Ese mismo fin de semana, unos individuos cuyas identidades aún se desconoces violentaron el domicilio de la juez instructora y le sustrajeron dinero, joyas y otros objetos de valor. Se investiga si también robaron documentación o dispositivos.[53]

La querella de Xavier Estrada Fernández y de la Fiscalía han sido aceptadas por la juez Silvia López Mejía, así como que la Liga sea acusación particular. De la misma manera, la magistrada traspasó este caso de la Policía Nacional a la Guardia Civil para que lleve a cabo «las diligencias de investigación que sean necesarias para la averiguación de los hechos».

La juez descartó en aquel momento, frente a lo que comentaron desde varios medios de comunicación, imputar al hijo de Negreira, Javier Enríquez, puesto que consideró que la dirección y gestión de la empresa DASNIL había corrido a cargo del colegiado y en su declaración ante Hacienda éste había asegurado que «nunca reveló a su hijo el acuerdo confidencial que mantenía con el Barça», y después de que la inspección fiscal hubiese comprobado que cobraba nóminas de DASNIL a pesar de que figuraba como gerente. La juez lo consideró un mero testaferro. En el auto, la juez destacó que la Agencia Tributaria abrió una inspección en 2019 que determinó que las facturas giradas por las empresas de Negreria NILSAD y DASNIL «no se correspondían con prestaciones de servicios» y señaló que «faltaban pruebas» que acreditaran que la actividad se desarrolló.

• Acusaciones:

José María Enríquez Negreira:La acusación le atribuye un delito continuado de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo y otro continuado de falsedad en documento mercantil. Hasta 7 años de prisión.
Josep Maria Bartomeu (presidente del FCB enero 2014 a octubre 2020): Se le atribuye el delito de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, falsedad y administración desleal. Hasta 10 años de prisión.
Sandro Rosell (presidente del FCB julio 2010 a enero 2014): Se le atribuye corrupción entre particulares en el ámbito deportivo y administración desleal. Hasta 7 años de prisión.
Óscar Grau (director ejecutivo del FCB 2016-2021): Se le atribuye corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal y falsedad documental. Hasta 10 años de prisión.
Albert Soler (ejecutivo del FCB 2014-2021): Se le atribuye corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal y falsedad documental. Hasta 10 años de prisión.
FCB: Como persona jurídica se le imputa el delito de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo. Se le puede imponer multas, suspensión de las actividades de la sociedad por un periodo no superior a cinco años, o su disolución.

A los expresidentes Joan Gaspart y Joan Laporta la Fiscalía pide que declaren como testigos en lugar de investigados porque los presuntos delitos durante la época de mandato investigada estarían prescritos.

La Fiscalía ha solicitado la declaración en calidad de testigos de los ex entrenadores del FC Barcelona Luis Enrique (2014-2017) y Ernesto Valverde (2017-2020) y de los expresidentes Joan Gaspart, Joan Laporta, y Sandro Rosell.

Según el artículo 112, las sanciones muy graves prescriben a los tres años, por tanto el FCB no recibiría sanción en el caso de demostrarse los hechos que denuncia la Fiscalía ya que acabaron en 2018.

Código Disciplinario de la RFEF:

Las sanciones muy graves prescriben a los tres años, por tanto el FCB no recibiría sanción en el caso de demostrarse los hechos que denuncia la Fiscalía ya que acabaron en 2018.

La UEFA en su artículo 4.2 el Reglamento de la Liga de Campeones de la UEFA establece:

Si, sobre la base de todas las circunstancias de hecho y de la información de que dispone, la UEFA concluye a su entera satisfacción que un club ha estado implicado directa y/o indirectamente, desde la entrada en vigor del apartado 3 del artículo 50 de los Estatutos de la UEFA, es decir, el 27 de abril de 2007, en cualquier actividad dirigida a organizar o influir en el resultado de un partido a nivel nacional o internacional, la UEFA declarará a dicho club no elegible para participar en la competición. Dicha inelegibilidad sólo será efectiva durante una temporada futbolística. Al tomar su decisión, la UEFA puede basarse en una decisión de un organismo deportivo nacional o internacional, de un tribunal arbitral o de un tribunal estatal, pero no está obligada a ello. La UEFA puede abstenerse de declarar a un club no elegible para participar en la competición si está convencida de que el impacto de una decisión tomada en relación con las mismas circunstancias de hecho por un organismo deportivo nacional o internacional, tribunal arbitral o tribunal estatal ya ha tenido el efecto de impedir que ese club participe en una competición de clubes de la UEFA.

Según el Código Penal de España, las penas que afrontarían los investigados en una sentencia condenatoria de los delitos investigados son:

Delito continuado de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo: penas de prisión de entre 6 meses y 4 años de cárcel
Administración desleal si se demuestran que los pagos fueron inexistentes: hasta 3 años de cárcel
Falsedad en documento mercantil: penas de prisión de 6 meses a 3 años y multa al que lo cometa en documento público, oficial o mercantil
Los delitos prescriben a los 5 años, sin embargo los delitos continuados prescriben a los 10 años. Por eso se puede investigar también al expresidente Sandro Rosell pero no a Joan Laporta ni Joan Gaspart.

Según el Confidencial, a través de «fuentes del conjunto catalán», el hijo de José María Enríquez Negreira, Javier Enríquez Romero, comunicó al FC Barcelona el nombre del árbitro elegido para pitar su encuentro de la Final de la Copa del Rey de 2017 contra el Deportivo Alavés tres meses antes de que se hiciera pública la identidad del árbitro. Esta comunicación fue a través de un mensaje al entonces director de Deportes Profesionales del Barça, Albert Soler: «Será Clos Gómez, al 99%».

Esta filtración viene precedida de un documental de Real Madrid TV emitido días antes sobre el árbitro Clos Gómez donde se quejan de que su arbitraje les había perjudicado más que al FC Barcelona.

Según Marca, un miembro de la directiva culé acusado en la trama adujo cuando se publicaron estas informaciones en la prensa que «claro que sabíamos que Clos Gómez sería el árbitro de la final. Era su última temporada en activo y era normal que se le diera ese partido como premio a su trayectoria. No fue ninguna sorpresa ni ninguna información privilegiada».

El resultado de aquel encuentro fue 3-1 a favor del cuadro blaugrana. El Confidencial trajo a colación un fuera de juego de Neymar Jr que el colegiado no pitó y que posibilitó que el delantero brasileño marcase el 2-1.

La investigación de la UEFA al Barcelona por el caso ‘Negreira’ se ha anunciado hace pocos minutos así que todavía es muy pronto para conocer qué le puede pasar al club azulgrana. La vía judicial en España también acaba de empezar así que el camino será muy largo.

En el peor de los casos, el club azulgrana podría quedarse sin poder participar en competiciones europeas. Amparándose en los artículos 4.02 y 4.03 del reglamento en sus competiciones, la UEFA contempla en su normativa la prohibición de participar en sus competiciones a los equipos que hayan estado involucrados en algún “intento de influir en el resultado de un partido sea nacional o internacional”.

Esta inelegibilidad es eficaz solo para una temporada”, destaca la normativa. No sería la primera vez que el máximo organismo del fútbol europeo entra de oficio en casos de amaños deportivos y expulsa a los infractores aunque en el caso del Barça ha sido la propia Hacienda española la que informó a la fiscalía que no había encontrado pruebas determinantes para identificar una posible influencia en los resultados del equipo azulgrana tras los pagos a la empresa del exvicepresidente del Comité Técnico de árbitros, Enríquez Negreira.

Además de la UEFA, la FIFA también podría decidir entrar a valorar este caso y todavía con mayor poder sancionador al tener la capacidad de imponer descensos o pérdida de puntos. El posible castigo se articularía bajo la aplicación del punto 6 de artículo 27 donde la institución se reserva el derecho a “a investigar, procesar y sancionar las infracciones graves que recaigan en el ámbito de aplicación de este código y en la jurisdicción de las confederaciones, federaciones u otras organizaciones deportivas si lo consideran adecuado en un caso determinado, en particular si la confederación, federación u organización deportiva no procesa una infracción grave en un plazo de tres meses desde el momento en que la infracción le conste a la Comisión Disciplinaria”.

A nivel deportivo, el cuadro barcelonés siempre le quedaría como último recurso acudir ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS).

Ahora, el caso cobra mayor relevancia en el plano de las posibles sanciones deportivas después de que la jueza del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Silvia López Mejía, admitiese a trámite la denuncia de la Fiscalía contra el Barça y varios exdirectivos del club por los pagos a Enríquez Negreira e imputase al club y a sus exdirectivos por administración desleal, corrupción en los negocios en su modalidad deportiva y falsedad documental. Tal y como avanzó este periódico, la magistrada asume la tesis de la Fiscalía e indicó en su auto que los pagos al que era vicepresidente del CTA se dirigían, a nivel indiciario, a que Negreira hiciese «actuaciones tendentes a favorecer al Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el club, y así en los resultados de las competiciones».

Es decir, los implicados buscaban influir en los resultados arbitrales a través de pagar al número dos del Comité Técnico Arbitral, donde se deciden los ascensos y descensos de categoría de los árbitros. Por ejemplo, el Barça utilizó información privilegiada para ser informado de que Carlos Clos Gómez, actual director del VAR, sería el colegiado que dirigiría la final de Copa del Rey entre los azulgranas y el Deportivo Alavés en la temporada 2016-17. En esa final, disputada en el Vicente Calderón, el árbitro no señaló el fuera de juego con el que Neymar Júnior anotaría el 2-1. Solo dos minutos después, Alcácer firmaría el definitivo 3-1 a favor de los azulgranas.

pasado 24 de febrero, el departamento de integridad de la UEFA envió un escrito a la Real Federación Española «solicitando información completa en relación con este tema», tal y como anunció el secretario de la RFEF, Andreu Camps, en rueda de prensa. La RFEF accedió y ya está en manos de la UEFA. La entidad presidida por Luis Rubiales ejerce de puente de la UEFA en el caso Enríquez Negreira, para estar al tanto de la investigación sobre los pagos cifrados en más de siete millones de euros al exvicepresidente de los árbitros. El artículo 112 de la Ley del Deporte indica que «las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses». Los hechos denunciados ya habrían prescrito según la ley española y no cabría sanción administrativa en el terreno deportivo. Mientras la vía penal progresa, la UEFA sí que podría tomar cartas en el asunto. La RFEF se personó en el procedimiento abierto contra el FC Barcelona por el caso Negreira y remitió un informe a la UEFA el pasado jueves. La RFEF se une a LaLiga, también personada como acusación particular, y al Real Madrid.

El CSD, a través de su presidente, José Manuel Franco, también anunció que se personaría y en que respecta a sus competiciones, la UEFA tiene un enfoque estricto en sus criterios de admisión. «La admisión de una competición UEFA para las federaciones miembro o clubes directa o indirectamente involucrados en cualquier actividad dirigida a arreglar o influir en el resultado de un partido a nivel nacional o internacional puede ser rechazada con efecto inmediato, sin perjuicio de cualquier medida disciplinaria posible», explica el texto. Contratar a un vicepresidente en activo para «asegurar la neutralidad de los colegiados», tal y como declaró Enríquez Negreira, encajaría en esa descripción.

En sus reglamentos disciplinarios de la UEFA, el organismo establece que todas las personas obligadas por las reglas y normas de la UEFA deben abstenerse de cualquier conducta que dañe o pueda dañar la integridad de los partidos y competiciones y deben cooperar plenamente con la UEFA en todo momento en sus esfuerzos para combatir este tipo de comportamiento (artículo 12). Por ejemplo, la integridad de los partidos y las competiciones se viola por cualquier persona: quien actúa de una manera que es probable que ejerza una influencia ilegal o indebida en el curso y/o resultado de un partido o competición, con vistas a obtener una ventaja para sí o para un tercero o quien usa o proporciona a otros información que no está disponible al público, que se obtiene a través de su posición en el fútbol y hace daño o podría dañar la integridad de un partido o una competición.

Si la UEFA concluye a su entera satisfacción que un club ha sido directa y/o indirectamente involucrado desde la entrada en vigor del artículo 50 (3) de los Estatutos de la UEFA, es decir, del 27 de abril de 2007, en cualquier actividad dirigida a arreglar o influir en el resultado de un partido a nivel nacional o internacional, la UEFA declarará que dicho club no podrá participar en la competición. Esta inelegibilidad es eficaz solo para una temporada de fútbol. La pelota está en el tejado del máximo organismo del fútbol europeo, que tendrá que tomar la decisión en junio.

Sobre la mesa está un castigo deportivo hacia el Barça, que por lo pronto se quedaría sin competir un año en la UEFA Champions League y también en la UEFA Women’s Champions League, según nos ha confirmado una fuente de prestigio.

Ceferin ya recalcó que el caso «no ha prescrito» para la UEFA, dejando claro que sobre la entidad culé caerá todo el peso del reglamento si se confirma su comportamiento fraudulento por los pagos millonarios a Enríquez Negreira, exvicepresidente de los árbitros en España.

La UEFA trabaja ahora para que el proceso sea rápido. Se pone de fecha el mes de junio para tener una decisión tomada sobre si el Barça podrá o no competir la temporada que viene en la Champions League. De momento el castigo se quedaría en eso, dejando abierta la puerta a uno más severo según avance el proceso judicial.

¿Por qué la UEFA quiere acelerar el proceso? El ente dirigido por Ceferin sabe que el Barça, si hay sanción, buscará reducir la sanción o la cautelar para poder competir en Europa acudiendo, en primer lugar, a la Corte de Apelación de la UEFA y al TAS, después.

Llegando a junio con el veredicto de la comisión independiente sobre las supuestas irregularidades del Barça, habría margen para conocer si el TAS ampara o no el castigo de la UEFA en caso de haberlo y tras la reclamación del club que preside Joan Laporta. Las esperanzas de obtener la cautelar en un caso como este son reducidas.

«A juzgar por lo que estoy informado, la situación es excepcionalmente grave. Tan grave, que me parece que se trata de uno de los casos más graves en el fútbol desde que me ocupo del mismo», dijo Ceferin al medio deportivo esloveno Ekipa.

Sin embargo, subrayó que, aunque el caso está prescrito por lo que respecta a la Liga española, están en curso procedimientos a nivel de la fiscalía civil española. «Y lo mismo vale para la UEFA, ya que en nuestra organización nada ha prescrito», advirtió Ceferin, quien no quiso responder a la pregunta de si el Barcelona podría sufrir consecuencias competitivas a nivel de la UEFA. «Eso no lo puedo ni quiero comentar», dijo.

En medio del caos, Alexander Ceferin será reelegido este miércoles como presidente de la UEFA en el 47 Congreso de la organización en Lisboa. Concurre de nuevo como candidato único, igual que hace cuatro años en Roma, tras su primera elección el 14 de septiembre de 2016.

El dirigente esloveno encara su tercer periodo con la defensa del fútbol europeo, la unidad, la solidaridad y el mérito deportivo como bandera, después de un mandato condicionado por la pandemia, la Superliga y la guerra de Ucrania y con cambios en las competiciones desde 2024, como la Champions League, que aumentará sus equipos a 36, o la Nations League, que tendrá una nueva ronda eliminatoria. El ‘caso Negreira’ se presente como el primer fuego a apagar en su nuevo mandato.

De esta manera, si quedase acreditado el delito que sobrevuela el entorno culé, es posible que las chicas que dirige Jonatan Giráldez podrían ver alterado su concurso en la presente edición de la UEFA Women’s Champions League este año o el que viene, según ha podido saber “El Partido de Manu” gracias a @futbolfemenido .