🟨 El Mundial femenino de Brasil 2027 no está cancelado, pero por primera vez desde que el país fue elegido como sede de la décima edición de la Copa Mundial Femenina de la FIFA existe un escenario que obliga a mirar hacia el próximo verano con una preocupación que hace apenas unos días parecía impensable. El torneo sigue oficialmente en pie, mantiene sus fechas, conserva sus ocho ciudades sede y continúa con su proceso de clasificación, pero la batalla política abierta entre UEFA y FIFA ha colocado al campeonato en el centro de una guerra de poder que puede terminar afectando directamente al fútbol femenino. Lo que está sucediendo no es una simple discrepancia entre dos organismos deportivos. Es un enfrentamiento alrededor del futuro modelo de negocio, de la propiedad y de la gobernanza de las grandes competiciones internacionales, y el problema es que la primera gran víctima deportiva de esa disputa puede terminar siendo precisamente un Mundial femenino que debería representar uno de los mayores acontecimientos de la historia del fútbol femenino mundial.
La amenaza es real porque UEFA ya no está hablando de una protesta, de una carta de advertencia o de una petición para negociar. Las 55 federaciones miembro del organismo europeo votaron de manera unánime, 55-0, a favor de no participar en las competiciones FIFA mientras continúe sobre la mesa el proyecto de FIFA de transferir participaciones de sus grandes competiciones a inversores privados. El movimiento supone un desafío frontal al presidente de FIFA, Gianni Infantino, y eleva la tensión entre el organismo rector del fútbol mundial y la principal confederación continental. UEFA ha rechazado de forma inequívoca la propuesta y ha dejado claro que ninguna selección europea participará en una competición FIFA mientras el proyecto siga vivo, salvo que sea retirado completamente y se ofrezcan garantías vinculantes de que nunca volverá a abrirse la puerta a una propiedad privada de este tipo. El mensaje político no puede ser más contundente: Europa no quiere que la Copa del Mundo se convierta en un producto financiero.
Y aquí aparece el nombre que ahora mismo lo condiciona todo: FIFA Forward Enterprise, conocida como FFE. El proyecto impulsado por Infantino contempla la creación de una nueva estructura comercial destinada a gestionar competiciones como la Copa Mundial y otras grandes propiedades de FIFA, con una valoración inicial que ronda los 20.000 millones de dólares. La operación contempla la entrada de inversores privados mediante una participación minoritaria, mientras FIFA asegura que conservaría el control sobre la gobernanza del fútbol, las competiciones, el calendario y las decisiones deportivas. Sin embargo, esa explicación no ha servido para tranquilizar a UEFA ni a otras confederaciones, que consideran que la cuestión no es únicamente quién toma las decisiones deportivas, sino qué consecuencias tendría entregar a inversores externos una participación económica permanente en el producto que representa una de las principales fuentes de ingresos y de poder de FIFA.
La diferencia entre lo que defiende FIFA y lo que teme UEFA es, en realidad, el corazón de esta crisis. FIFA sostiene que nadie está vendiendo el fútbol, que la organización conservaría el control y que la operación permitiría incrementar los recursos destinados a sus 211 federaciones nacionales. Desde la perspectiva de Infantino, se trata de ampliar el potencial comercial del fútbol y de repartir más dinero por todo el planeta. Pero para UEFA la cuestión no es solamente cuánto dinero puede generar la operación, sino qué significa entregar a inversores externos una participación económica en el producto más importante del fútbol internacional. Y es precisamente esa diferencia de visión la que ha provocado que una cuestión económica se haya transformado en una auténtica batalla institucional.
La respuesta europea ha sido extraordinariamente contundente. UEFA y sus 55 asociaciones consideran que la Copa del Mundo no puede ser tratada como un producto financiero y que ninguna institución debería poder abrir la propiedad económica de sus principales competiciones a inversores privados sin un consenso amplio dentro del fútbol mundial. La frase que resume la posición europea es tan sencilla como contundente: «La Copa Mundial no está en venta». No es una simple frase de protesta. Es el argumento sobre el que UEFA ha construido una amenaza de boicot que, si se mantiene, puede desencadenar una de las mayores crisis institucionales que ha vivido el fútbol mundial en décadas.
Y es precisamente aquí donde Brasil 2027 entra en escena. Porque el Mundial femenino no es una competición hipotética ni un proyecto pendiente de aprobación. Brasil fue elegido oficialmente como sede el 17 de mayo de 2024 en el Congreso de FIFA celebrado en Bangkok, derrotando la candidatura conjunta de Bélgica, Países Bajos y Alemania. Será, además, el primer Mundial femenino organizado en Sudamérica, un acontecimiento histórico para el continente y para una competición que en 2027 alcanzará su décima edición. FIFA mantiene actualmente el torneo programado entre el 24 de junio y el 25 de julio de 2027, con 32 selecciones, 64 partidos y ocho ciudades anfitrionas: Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Río de Janeiro, Salvador y São Paulo.
Sobre el papel, por tanto, todo sigue exactamente donde estaba. FIFA no ha cancelado Brasil 2027. No ha cambiado las fechas. No ha retirado a Brasil la condición de sede. No ha anunciado una nueva sede. No ha suspendido la clasificación. Al contrario, el organismo continúa preparando oficialmente el campeonato y mantiene Brasil 2027 como una de sus grandes citas internacionales. El proceso clasificatorio continúa su curso y las selecciones siguen compitiendo por las plazas que estarán disponibles en el torneo.
Pero una cosa es que el Mundial siga oficialmente en el calendario y otra muy diferente que su escenario deportivo no pueda verse seriamente alterado. El problema está en Europa. UEFA tiene once plazas directas para Brasil 2027 y una plaza adicional para el torneo de repesca. Eso significa que una eventual ausencia europea no supondría perder a una o dos selecciones, sino retirar de la competición a una parte esencial de la élite mundial. España, Alemania, Francia, Inglaterra, Suecia, Países Bajos, Italia, Noruega, Dinamarca, Portugal o cualquier otra selección europea que consiga la clasificación podría quedar fuera si el conflicto no se resuelve. FIFA ha asignado once plazas directas a UEFA, una cifra que demuestra por sí sola el peso que tiene Europa en la estructura competitiva del campeonato.
Y el impacto deportivo sería enorme. Europa no solamente aporta cantidad; aporta buena parte de la calidad, de las grandes favoritas y de las selecciones que han dominado el fútbol femenino internacional durante los últimos años. España llega a Brasil como campeona del mundo, después de conquistar el Mundial de 2023, mientras Alemania, Francia, Inglaterra, Países Bajos, Suecia o Noruega forman parte de una élite que ha convertido al fútbol femenino europeo en una de las grandes potencias globales. Por eso, un Mundial sin las selecciones europeas no sería un Mundial convencional al que simplemente le faltaran algunos participantes: sería un torneo radicalmente diferente, con una disminución enorme de su nivel competitivo, de su repercusión internacional y de su valor comercial.
Y aquí aparece una de las grandes paradojas de toda esta historia. El fútbol femenino se encuentra en uno de los momentos de mayor crecimiento de su historia. La Copa Mundial de 2023 en Australia y Nueva Zelanda abrió una nueva etapa de expansión internacional y demostró el potencial de una competición que cada vez genera más interés, más audiencias, más inversión y más seguimiento. FIFA lleva meses preparando Brasil 2027 como el primer Mundial femenino celebrado en Sudamérica, ha presentado la identidad oficial del torneo y ha convertido la cita en uno de sus grandes proyectos estratégicos para seguir impulsando el crecimiento de la disciplina. Brasil debía ser la siguiente gran estación de un camino que parecía imparable.
Ahora, sin embargo, todo ese trabajo puede quedar condicionado por una disputa que no nace del fútbol femenino. Y esa es quizá la parte más preocupante de toda esta historia. Las futbolistas, las selecciones, los aficionados y Brasil como país anfitrión pueden acabar pagando las consecuencias de una guerra institucional cuyo origen está en el modelo de explotación comercial de las competiciones FIFA. El Mundial femenino podría convertirse en una de las primeras grandes competiciones en sufrir de forma directa una batalla que, en realidad, tiene como centro de gravedad el enorme negocio global de la Copa del Mundo y el futuro económico de FIFA.
Conviene, eso sí, poner una precisión importante sobre la mesa. El Mundial femenino de Brasil 2027 no sería técnicamente la primera competición FIFA que podría verse afectada por el boicot europeo. Si FIFA no retrocede, una de las primeras competiciones femeninas que podría sufrir sus consecuencias sería el Mundial Sub-20 femenino de Polonia 2026, que comienza en septiembre y en el que participan varias selecciones europeas. Después llegarían los partidos de clasificación para el Mundial absoluto y, finalmente, el propio Brasil 2027. Es decir, la amenaza no se encuentra únicamente a once meses del gran torneo brasileño: puede empezar a comprobarse mucho antes.
Eso convierte los próximos meses en un periodo decisivo. FIFA ha establecido un calendario para avanzar con su proyecto y la presión internacional está creciendo a una velocidad enorme. UEFA ya ha adoptado una posición común. CONCACAF también ha rechazado la propuesta y otras confederaciones han expresado serias dudas sobre el modelo, la transparencia y las consecuencias que podría tener la operación. Si el bloque opositor continúa creciendo, el proyecto de Infantino podría verse obligado a ser modificado sustancialmente o incluso retirado.
La crisis también ha empezado a generar movimientos dentro del propio entorno de FIFA. El proyecto está provocando críticas por la falta de consenso, por la estructura económica planteada y por el riesgo de que una parte de las grandes competiciones de FIFA quede vinculada de manera permanente a intereses financieros privados. Todo ello añade una dimensión todavía más delicada a una situación que ya no se limita al enfrentamiento entre UEFA y FIFA, sino que comienza a generar fracturas dentro del propio entorno institucional del máximo organismo del fútbol mundial.
FIFA, mientras tanto, mantiene que el proceso continuará. El organismo defiende que las federaciones tendrán la oportunidad de estudiar la propuesta y votar sobre ella, que nadie está vendiendo el fútbol y que FIFA conservará el control de las competiciones y de todas las decisiones deportivas. Desde Zúrich se insiste en que el proyecto pretende aumentar los ingresos y distribuir más recursos entre las federaciones. El problema es que, a estas alturas, la cuestión ya no parece ser exclusivamente económica. La confianza entre FIFA y varias de las principales estructuras del fútbol mundial está seriamente deteriorada.
Por eso la pregunta que hay que hacerse ahora no es si el Mundial femenino de Brasil 2027 está cancelado, porque la respuesta es no. Tampoco existe hoy una decisión definitiva que permita afirmar que España, Inglaterra, Alemania, Francia o cualquier otra selección europea no estará en Brasil. Esa afirmación sería prematura. Lo que sí existe es una amenaza formal, un voto unánime de las 55 federaciones europeas y un conflicto abierto que afecta directamente al torneo. Decir que Brasil 2027 está cancelado sería falso; decir que no existe ningún peligro sería igualmente incorrecto. La realidad está en medio: el Mundial sigue en pie, pero su composición deportiva y su normalidad competitiva están condicionadas por una crisis que todavía no tiene solución.
Y esa diferencia es fundamental para contar bien lo que está sucediendo. No estamos ante un Mundial suspendido, sino ante un Mundial que puede convertirse en el escenario de una crisis sin precedentes. No estamos ante una decisión definitiva de las selecciones europeas de abandonar Brasil, sino ante un compromiso político formal para hacerlo si FIFA no retira su proyecto. No estamos ante una nueva sede, sino ante una sede que sigue trabajando para recibir al mundo. Pero tampoco estamos ante una amenaza menor: UEFA acaba de demostrar que está dispuesta a poner en juego la participación de sus 55 federaciones para intentar frenar la operación.
El fútbol femenino, mientras tanto, queda atrapado en medio. Y eso es lo verdaderamente preocupante. Porque Brasil 2027 debería ser una celebración. Debería ser el Mundial que llevara por primera vez la gran fiesta femenina de FIFA a Sudamérica. Debería ser el escenario en el que las mejores jugadoras del planeta se encontraran en Brasil, en Maracaná, en São Paulo, en Río de Janeiro, en Salvador, en Recife, en Fortaleza, en Porto Alegre y en Belo Horizonte. Debería ser el torneo de una nueva generación, el campeonato que continuara el camino abierto por Australia y Nueva Zelanda 2023 y que demostrara hasta dónde puede llegar el fútbol femenino cuando se le ofrece un escenario global a la altura de su crecimiento.
En cambio, a menos de un año del comienzo del torneo, el nombre de Brasil 2027 aparece ligado a una batalla institucional que nadie había previsto cuando Brasil ganó la votación de 2024. Las futbolistas no han provocado esta guerra. Las selecciones femeninas tampoco. Los aficionados mucho menos. Y, sin embargo, son ellos quienes pueden terminar sufriendo las consecuencias si las instituciones no encuentran una salida.
Hay todavía margen para evitarlo. De hecho, la enorme presión que está generando la posición de UEFA, el rechazo de CONCACAF y las dudas expresadas desde otras partes del fútbol mundial hacen pensar que el proyecto de FIFA difícilmente podrá avanzar sin modificaciones si el bloque opositor mantiene su posición. El propio bloqueo político que empieza a formarse alrededor de FIFA Forward Enterprise puede obligar a Infantino a negociar, modificar o retirar la propuesta antes de que llegue a un punto de no retorno. La situación, por tanto, puede cambiar rápidamente durante las próximas semanas. Pero precisamente por eso es necesario vigilarla de cerca.
Porque si FIFA y UEFA consiguen alcanzar un acuerdo, Brasil 2027 podrá recuperar el protagonismo que merece y la polémica quedará como una de las grandes batallas políticas del fútbol contemporáneo. Si, por el contrario, ninguna de las partes cede, el Mundial femenino podría convertirse en el primer gran escenario de una fractura internacional que nadie sabe todavía hasta dónde puede llegar.
Y quizá esa sea la verdadera dimensión de lo que acaba de ocurrir. El Mundial femenino de Brasil 2027 no está muerto, ni mucho menos. Pero sí está en alerta. Está en una zona de peligro político que no puede ignorarse. Europa ha levantado la mano y ha dicho que no está dispuesta a aceptar que la Copa del Mundo se convierta en un activo financiero. FIFA, por ahora, mantiene vivo su proyecto. Y entre ambas posiciones queda Brasil, queda el fútbol femenino y quedan millones de aficionados que solamente quieren una cosa: que cuando llegue el 24 de junio de 2027, el balón pueda echar a rodar y estén allí las mejores selecciones del planeta.
Porque Brasil 2027 no debería convertirse en la víctima colateral de una guerra por el control económico del fútbol mundial. Debería ser exactamente lo contrario: la demostración definitiva de que el fútbol femenino ha alcanzado un lugar en el que ninguna disputa institucional puede volver a colocarlo en segundo plano. Ahora la pelota está en el tejado de FIFA. Y también, en cierta manera, en el de UEFA. El reloj corre. Brasil espera. Las selecciones se preparan. Y el fútbol femenino observa con inquietud cómo una batalla nacida en los despachos puede terminar decidiendo quién tendrá derecho a jugar el Mundial que debía ser una fiesta histórica.
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